La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha presentado una serie de propuestas destinadas a simplificar la complejidad administrativa del actual Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC). Esta iniciativa, anunciada en el Consejo Agrario y previamente remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, busca fortalecer la posición de las personas profesionales de la agricultura y adaptar la PAC a las necesidades específicas del sector agrario regional.
La consejera María González Corral destacó el compromiso de la Junta para reducir la carga administrativa que enfrenta el sector agrario, con el objetivo de mejorar la eficiencia y viabilidad de estas explotaciones. Entre las medidas propuestas se propone un refuerzo de la figura profesional agraria, aclaraciones sobre las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, eliminación de duplicidades en los controles para explotaciones con cultivos de secano y regadío, y la recuperación de la ayuda asociada a las oleaginosas. Además, la Junta se ha comprometido a abonar el 90% de los saldos de las ayudas directas antes de finalizar el año.
La consejera también abordó la necesidad de modernizar el sistema de regadío en la región, señalando que actualmente hay 50.000 hectáreas pendientes de apoyo financiero. La Junta prevé invertir 86 millones de euros en obras de modernización que afectarán a 21.225 hectáreas.
González Corral presentó un balance de las principales acciones llevadas a cabo por su equipo, incluyendo flexibilización del Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, coordinación para facilitar los movimientos ganaderos en el contexto de la lengua azul, la concesión de ayudas a las explotaciones afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, y el lanzamiento del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria con una inversión prevista de 438 millones de euros hasta 2028.
La consejera concluyó subrayando la preocupación por los altos costes de producción del sector agrario y la necesidad de una acción coordinada entre administraciones para hacer las explotaciones más competitivas, rentables y eficientes.
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