El Ministerio de Cultura
ha presentado el Plan de Derechos Culturales, una reformulación de las políticas culturales que, por primera vez, prioriza el equilibrio territorial y reconoce la ruralidad como una condición estructural. El plan, que incluye 146 medidas, busca descentralizar la cultura y llevarla a las comunidades rurales, entendiendo que «la equidad territorial implica diseñar mecanismos de compensación cultural».
Este plan, organizado en torno a cinco ejes estratégicos (democracia cultural, retos contemporáneos, sostenibilidad profesional, consolidación de derechos y vertebración territorial), parte de la premisa de que la brecha cultural en las zonas rurales no es un problema coyuntural, sino histórico. Para combatirlo, se propone una cultura de proximidad, que respete la cultura tradicional, los valores y los ritmos propios de cada territorio.
La Escuela Rural como núcleo cultural
Un ejemplo concreto de este enfoque se encuentra en la medida 88 del plan, que propone «Ampliar el acceso a las prácticas culturales en las escuelas rurales mediante la adaptación de los programas educativos culturales a la realidad territorial». Esta medida, según fuentes cercanas al proyecto, reconoce la Escuela Rural como un núcleo cultural esencial en las pequeñas poblaciones, apostando no solo por el acceso a la cultura, sino también por el reconocimiento de su especificidad.
El Plan de Derechos Culturales no considera la ruralidad como una carencia, sino como un espacio vivo y dinámico, donde lo local interactúa con lo global sin perder su identidad. Para ello, se proponen modelos de microprogramaciones, circuitos itinerantes y formatos escalables que se adapten a cada territorio, junto con alianzas rurales e intermunicipales que fomenten la cooperación entre iguales y eviten duplicidades, y vinculen la cultura con la lucha contra la despoblación.
El plan reconoce la cultura rural como una generadora activa de contenidos, capaz de dialogar con los desafíos contemporáneos. Se considera que los saberes del lugar no son vestigios del pasado, sino recursos valiosos para el futuro, convirtiendo la práctica cultural en un proceso de mediación comunitaria.
Finalmente, el plan plantea la necesidad de implementar indicadores adaptados a municipios de menos de 1.000 habitantes, con un enfoque situado. Esto permitirá analizar el impacto real de las políticas culturales en contextos rurales, evitando una evaluación sesgada desde la perspectiva urbana.
El Plan de Derechos Culturales se presenta como una iniciativa que busca transformar la manera en que se conciben las políticas culturales en España, priorizando la equidad territorial y el reconocimiento de la riqueza cultural de las zonas rurales.
