Pese a la legislación vigente en materia de igualdad, la realidad del medio rural español sigue mostrando una preocupante disparidad salarial entre mujeres y hombres. En el Día Internacional de la Igualdad Salarial, el pasado 17 de septiembre, la problemática se pone de manifiesto con datos que revelan una brecha persistente y arraigada en el sector.
Lola Merino, Presidenta de AMFAR
(Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), denuncia que «en España hablamos mucho de igualdad, pero cuando ponemos el foco en el ámbito rural, el panorama se oscurece.»
Según el último informe de salarios agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las mujeres cobran un 3,2% menos que los hombres en contratos a jornada completa, una diferencia que se amplía hasta el 7,6% en contratos temporales.
La desigualdad no se limita al salario, las explotaciones agrarias lideradas por mujeres perciben de media 4.434 euros anuales en ayudas directas de la PAC (Política Agraria Común), frente a los 7.156 euros anuales de las explotaciones masculinas, casi un 40% menos. Aunque representan el 38% de los beneficiarios de estas ayudas, solo reciben el 28% del importe total, una disparidad atribuida a la menor dimensión de sus explotaciones, su menor mecanización y el acceso limitado al crédito.
«No son anécdotas ni excepciones: es la realidad de las mujeres rurales,» afirma Merino, quien destaca que las mujeres trabajan más en la temporalidad, en jornadas parciales y, a menudo, sin visibilidad ni reconocimiento formal. Muchas no figuran como titulares de la explotación, lo que las excluye de prestaciones, derechos sociales y pensiones.
Esta situación tiene consecuencias graves, no solo para las mujeres, condenándolas a la precariedad, sino también para el futuro del medio rural, que pierde vitalidad y población ante la falta de oportunidades dignas.
AMFAR ha propuesto soluciones concretas para revertir esta situación. Entre ellas, se destaca la necesidad de ajustar los criterios de la PAC para premiar proyectos liderados por mujeres, exigir mayor transparencia salarial y reforzar los servicios de conciliación en el ámbito rural.
«No se trata de conceder privilegios a las mujeres rurales, sino de justicia y sentido común,» concluye Merino. «La igualdad salarial es un derecho, también en el ámbito rural. Y los datos oficiales nos recuerdan que aún estamos muy lejos de garantizarlo.»
