AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural) ha presentado el Observatorio Rural de Violencia de Género
2024, un estudio que revela el impacto de la violencia contra las mujeres en los municipios rurales de España. El informe, basado en datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Instituto Nacional de Estadística, muestra una preocupante realidad: más de la mitad de las mujeres asesinadas por violencia de género en 2024 residían en zonas rurales.
Según el informe, el 52,5% de las víctimas mortales por violencia de género en 2024 vivían en municipios rurales (menos de 30.000 habitantes). Se registraron 40 víctimas mortales en total, de las cuales 21 residían en localidades rurales. Los datos reflejan que la incidencia aumenta en relación inversa al tamaño del municipio: 11 víctimas en pueblos con menos de 10.000 habitante, 6 en localidades de 10.000 a 20.000 habitantes, y 4 en poblaciones de 20.000 a 30.000 habitantes.
Respecto a las comunidades autónomas, Cataluña presenta las cifras más altas con 6 víctimas mortales en zonas rurales, Andalucía registra 4 víctimas, la Comunidad Valenciana y Galicia, 3 víctimas cada una, en tanto que Castilla y León, Aragón y la Comunidad de Madrid presentan las cifras más bajas.
AMFAR destaca que en los municipios rurales, especialmente aquellos en riesgo de despoblación, las víctimas enfrentan desafíos adicionales como la falta de anonimato, el estigma social y la escasez de recursos de prevención y asistencia. La organización aboga por una atención psicosocial preventiva e informativa, así como por programas de autoempleo y formación que permitan a las víctimas alcanzar la independencia económica.
El Observatorio Rural de Violencia de Género, busca así visibilizar esta problemática y promover soluciones integrales para las mujeres rurales que enfrentan situaciones de violencia. AMFAR reafirma su compromiso de trabajar en la prevención y erradicación de la violencia machista en los municipios rurales, sensibilizando a la sociedad y defendiendo los derechos e intereses de las mujeres rurales españolas.
Esta iniciativa subraya la urgente necesidad de abordar la violencia de género en el ámbito rural, donde la combinación de factores sociales, económicos y geográficos crea un entorno particularmente vulnerable para las mujeres. Es imperativo desmantelar las estructuras opresivas que permiten que esta violencia persista, reconociendo que el aislamiento geográfico no puede ser una excusa para la inacción. Debemos exigir políticas públicas que garanticen la seguridad y autonomía de las mujeres rurales, rompiendo el ciclo de violencia y discriminación. La lucha contra la violencia de género no es solo una necesidad, sino un deber que requiere el compromiso y la acción de toda la sociedad.
