La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, inauguró el pasado mes de abril la jornada nacional de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España
(AMCAE) donde afirmó que «la igualdad no es solo una cuestión de justicia social, sino un requisito indispensable para la competitividad y la supervivencia del sector».
Bajo el lema «De la tierra al liderazgo: mujeres cooperativistas que marcan el rumbo», García Bernal advirtió de que cualquier paso atrás en los derechos y la visibilidad de las mujeres supone una pérdida directa de potencial para la economía española.
Durante su intervención, la secretaria de Estado marcó un punto de inflexión en el discurso institucional, afirmó que «El debate ya no es sobre la presencia de las mujeres en el campo, sino sobre su capacidad de decisión. No basta con estar: hay que decidir. Porque de quién decide depende el futuro del campo».
García Bernal vinculó esta necesidad de liderazgo femenino con el actual contexto de inestabilidad internacional y presión sobre los mercados. En este escenario, elevó la producción de alimentos a una cuestión de Estado, sostuvo que defender el campo es defender la seguridad y la autonomía del país.
La secretaria de Estado puso sobre la mesa datos que reflejan la brecha persistente: las mujeres ostentan solo el 28 % de las titularidades de explotaciones y perciben, de media, ayudas directas inferiores a los hombres.
«Un sistema que deja fuera a la mitad de su talento funciona peor», ha señalado, insistiendo en que superar estas desigualdades es una medida de eficiencia económica. Para García Bernal, el talento femenino es un activo estratégico que el país no se puede permitir desperdiciar si quiere un sector agroalimentario moderno y resiliente.
Un pilar central de su discurso ha sido el papel de las cooperativas, a las que definió como «espacios de democracia económica», y recordó la reciente convocatoria de 33,3 millones de euros en ayudas para impulsar la integración asociativa.
En la actualidad, España cuenta con 21 Entidades Asociativas Prioritarias, que agrupan a más de 125.000 personas socias y facturan más de 8.000 millones de euros, consolidándose como estructuras clave para fijar población y riqueza en el territorio.
La secretaria de Estado ha concluido su intervención reafirmando que el relevo generacional y la sostenibilidad del medio rural son imposibles sin una apuesta decidida por el liderazgo femenino: «El futuro del campo no se puede entender sin mujeres liderando».
